Según publica ABC, la Justicia investiga a la concejala del PSOE de Arcos, María José González Peña, por un presunto caso de corrupción en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, donde, de acuerdo con este medio, se habría ofrecido un puesto como funcionaria interina a cambio de que una familia votara en bloque al PSOE en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019.
De acuerdo con la información de ABC, la beneficiaria de este contrato fue Manuela F.N., quien accedió a una plaza en el Consistorio a través de un concurso-oposición que, según el auto judicial citado por este periódico, habría sido manipulado para garantizar su adjudicación. Incluso, tal y como detalla ABC, el cuestionario del examen tipo test habría sido confeccionado por la propia aspirante.
El auto, dictado el 2 de septiembre y al que ha tenido acceso ABC, pone fin a la fase de instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral. El juez aprecia posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos, según publica ABC.
En la causa están procesados, siempre según la información de ABC, la concejala del PSOE en Arcos de la Frontera y entonces teniente de alcalde de Personal, María José González Peña; su asesor y jefe de la Policía Local, Luciano Muñoz Castaño; el presidente del tribunal del concurso, Ricardo F. V.; y la propia adjudicataria del puesto, quien reconoció los hechos desde el inicio de la investigación.
Tal y como subraya ABC, el juez otorga un papel determinante en la presunta trama a González Peña, que habría diseñado un proceso “teledirigido” junto a su asesor con el fin de beneficiar a la candidata. A cambio, según consta en el auto recogido por ABC, se le pidió que tanto ella como su familia votaran al PSOE en las elecciones de 2019.
De acuerdo con ABC, la beneficiaria llegó a elaborar el examen y conocía de antemano el contenido de la prueba práctica, lo que le situó en una posición de ventaja frente al resto de aspirantes. Los encuentros y acuerdos previos, según relata este medio, se produjeron en 2018 en un restaurante de la localidad.
El juez señala, según ABC, que este plan supuso una vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen la función pública. La plaza fue obtenida el 1 de julio de 2019, apenas dos semanas después de que el PSOE lograra la mayoría absoluta en el municipio.
Tal y como publica ABC, la investigación judicial ha tropezado con trabas, ya que el Ayuntamiento no remitió al juzgado los exámenes ni su corrección. Ahora, el juez ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones para presentar sus escritos de acusación y solicitar la apertura de juicio oral.