La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente, ha aprobado la resolución definitiva del reparto de los fondos destinados a las entidades locales de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+), cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE+) y la propia Junta de Andalucía. En total, son 123 millones de euros distribuidos a nivel regional dentro del marco FSE 2021-2027.Respecto a lprovincia de Cádiz supondrá hasta 2028 un total de 27,2 millones para 17 zonas desfavorecidas de los ayuntamientos de doce municipios de la provincia. Se trata de las localidades de Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Medina Sidonia, Puerto Serrano, El Puerto de Santa María, San Fernando y San Roque. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha manifestado que “la Eracis+ consolidará y mejorará todo lo bueno que se ha hecho en la anterior estrategia de actuación y dará nuevas oportunidades a las personas más vulnerables porque, cuando algo funciona, hay que apostar por ello”. “La apuesta del Gobierno andaluz por la inclusión es firme y decidida”, ha afirmado la consejera. A través de la Eracis+, las entidades locales pondrán en marcha itinerarios de inserción que beneficiarán a más de 6.200 gaditanos. En concreto, el Ayuntamiento de Algeciras recibirá 3,9 millones euros que posibilitarán una intervención con 910 personas de la zona Sur de la localidad. En el caso del consistorio de Arcos de la Frontera se destinarán 1,4 millones de euros para desplegar la nueva Eracis en las zonas de Arcos de la Frontera Sur y Jédula y que beneficiará a 338 personas; mientras que Barbate contará con 1,3 millones para la zona de Montaraz y poder actuar con 311 personas. Por su parte, al Ayuntamiento de Cádiz le corresponden 3,6 millones de euros para actuar en las barriadas de Lorerto y La Paz y así poder intervenir con 821 personas, toda vez que el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera contará con 1,6 millones para mejorar la vida de 376 personas de la zona Chiclana Sur. Por otro lado, para la Eracis+ en Jerez de la Frontera se desplegará la mayor cuantía de la provincia con más de 8,6 millones de euros para tres zonas (distrito oeste-Picadueñas, distrito oeste-Jerez y distrito sur) que tendrá un total de 1.946 personas beneficiarias. En el municipio de La Línea de la Concepción se hará lo propio en las zonas de La Atunara y la barriada El Junquillo con una dotación de dos millones de euros para realizar la intervención con 453 personas. Los municipios de Puerto Serrano y Medina Sidonia, a través de la Diputación, han concurrido a esta convocatoria que les dotará de 1,4 millones para intervenir con 316 personas. Cerca de dos millones de euros se le ha consignado al Ayuntamiento de El Puerto Santa María que trabajará en la zona Barrio Alto-Sudamérica con una intervención que llegará a 479 personas. Finalmente, el consistorio de San Fernando dispondrá con 599.621 euros para la nueva Eracis en la barriada Bazán y poder intervenir con 145 personas, toda vez que San Roque desplegará en la barriada de Puente Mayorga un total de 595.068 euros que permitirá trabajar con 139 personas. Estas subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva y dirigidas a 51 entidades locales, — 43 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las ochos diputaciones provinciales–, supondrán la puesta en marcha itinerarios de inserción socio laboral para más de 37.000 personas en Andalucía. Además, posibilitarán el desarrollo y ejecución de estrategias locales que promuevan la elaboración de itinerarios de inclusión socio laboral para colectivos en riesgo de exclusión en zonas desfavorecidas, en las que residen cerca de un millón de andaluces. Además de esta línea de subvenciones dirigida a las entidades locales, la consejería trabaja ya en la elaboración de las bases de la convocatoria de subvenciones de la nueva Eracis dirigida a las entidades del tercer sector.

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