La política arcense sigue en el centro de la atención mediática tras la publicación del periódico ABC el pasado viernes 5 de septiembre del auto por el que se procesa a la ex concejala del PSOE por la presunta compra de votos. Este miércoles era el partido Ai-Pro, a través del ex concejal Leopoldo Pérez, quien se pronunciaba y quien anunciaba que impulsarán una comisión de investigación. Este jueves ha sido el turno del alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez. La investigación, que afecta directamente a la imagen institucional del municipio, ha llevado al alcalde a fijar una postura clara en defensa de la legalidad y de la colaboración con la Justicia, al tiempo que reclama responsabilidades políticas al PSOE local.
El alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, ha valorado públicamente el auto judicial que procesa a una exconcejala del PSOE, María José González Peña, al jefe de la Policía Local, al presidente del tribunal de contratación y y la ex trabajadora del Ayuntamiento, por su presunta implicación en una compra de votos durante la legislatura de 2019.
Rodríguez ha lamentado que el nombre del municipio vuelva a ocupar titulares por este tipo de hechos, aunque ha asegurado que, como regidor, tiene la obligación de pronunciarse ante la gravedad de la situación. Ha explicado que el Ayuntamiento estaba al tanto de la existencia del procedimiento y que se personó en la causa con el objetivo de colaborar con la Justicia y recibir información de primera mano.
El regidor ha reconocido que el juzgado ha requerido documentación en varias ocasiones, aunque ha precisado que parte de los expedientes solicitados no se han podido localizar. “Se ha aportado todo lo que hemos encontrado, pero no es posible entregar lo que no existe, a pesar de haberlo buscado en todos los departamentos”, ha aclarado.
Rodríguez ha asegurado que el Consistorio velará por el cumplimiento estricto de la legalidad y exigió al PSOE local que se pronuncie públicamente. Criticó el silencio mantenido durante la última semana por la formación y ha reclamado a la secretaria general, Ana Carrera, que asuma responsabilidades políticas y ofrezca explicaciones a la ciudadanía.
Respecto a la creación de una comisión de investigación municipal, el alcalde ha considerado que, en este momento, no resultaría necesaria al coincidir en gran parte con las diligencias judiciales en curso. En relación con las declaraciones de Leopoldo Pérez, quien sugirió que este caso podría ser “la punta del iceberg”, Rodríguez ha optado por la prudencia y se ha remitido exclusivamente al contenido del auto judicial.
“Estaremos atentos a cómo evoluciona el proceso y acataremos lo que determine la Justicia”, ha concluido.