El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a 54.501 hogares gaditanos desde su puesta en marcha en junio de 2020, en plena pandemia de Covid. El número de beneficiarios protegidos alcanza desde entonces las 161.840 personas, de las cuales 64.655 son niños, niñas y adolescentes, el 39,94% del total.
Desde la entrada en vigor de esta política del Gobierno de España, la Seguridad Social ha destinado 775,6 millones de euros al abono de las nóminas de esta prestación en la provincia de Cádiz.
Estas cifras se han alcanzado tras el abono de la nómina del Ingreso Mínimo Vital en abril, que ha llegado a 39.403 hogares gaditanos en los que viven 119.339 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 490,94 € al mes por hogar y, en conjunto, la nómina del mes en la provincia ha ascendido a 21,26 M€.
Estas 119.339 personas representan el 16,88% del total andaluz, que se sitúa en las 227.277 familias donde residen 706.760 personas, y el 5,43% del total nacional, con 2.194.586 beneficiarios en el mes de abril.
El IMV es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos. Además, tiene como uno de sus principales objetivos abordar la pobreza infantil.
Datos de Cádiz en abril
En abril hay 7.877 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 24,99%. En estos hogares conviven 24.645 beneficiarios más que los registrados en ese mismo mes de 2024 (+26,03%).
Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el Ingreso Mínimo Vital tiene un marcado perfil femenino. En abril, el 74,55% de los titulares (29.375) y el 53,4% de los beneficiarios son mujeres, en concreto 63.735.
Infancia e IMV
Uno de los objetivos principales del Ingreso Mínimo Vital es combatir la pobreza infantil, y en este sentido cabe destacar que el 37,27% de los beneficiarios en abril son niños, niñas y adolescentes, 44.487.
En abril, en más de dos tercios de los hogares cubiertos por el IMV conviven menores de edad, en concreto el 82,57%. En total, hay 32.537 hogares con menores, entre los que se encuentran 5.931 monoparentales.
Una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el complemento de ayuda para la infancia, que forma parte del Ingreso Mínimo Vital. Este mes, el IMV con este complemento ha llegado a 27.799 unidades de convivencia en Cádiz.
Datos de Cádiz desde junio de 2020
La prestación del Ingreso Mínimo Vital, que abona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil puesto que 64.655 son niños, niñas y adolescentes, casi el 40% del total acumulado entre 2020 y 2025.
Del total de hogares beneficiarios, 45.500 (el 83,48% del total) cuentan con menores. Entre ellos, 11.276 son hogares monoparentales (el 20,68% del total) y 34.224, hogares no monoparentales con menores (el 62,79% del total).
Por género, el 73,86% de los titulares de la prestación son mujeres (40.255), que también son mayoría entre los beneficiarios, con 87.253 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital.
Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) son ya 35.814 los hogares en Cádiz que reciben este apoyo de 115 euros al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años, cantidades en vigor en 2025.
El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo, cuyo umbral varía en función del tipo de hogar contabilizando los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.
El IMV no es solo una prestación, es un conjunto de políticas para facilitar la integración sociolaboral de los colectivos vulnerables en riesgo de exclusión. Su razón de ser es la necesidad de corregir el problema de desigualdad y pobreza estructural que afecta a nuestra población más vulnerable y adaptar las políticas públicas a la realidad económica y social de nuestro tiempo.